Van legisladores de Morena por Ulises Ruiz

La mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de Oaxaca empujó un exhortó al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero para “llevar ante la justicia” al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y a funcionarios locales, por las “los crímenes de lesa humanidad cometidos” en contra del movimiento social del 2006.

La proposición con punto de acuerdo, aprobada hoy por mayoría en sus sesión legislativa ordinaria, solicita a Gertz Manero “iniciar de oficio las investigaciones relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Los legisladores argumentan su solicitud en el informe “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, emitido por la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), que concluye que “el Estado violó de manera masiva y sistemática derechos humanos como la presunción de inocencia,  los relacionados con el debido proceso y las garantías judiciales”.

Sostienen que además del ex gobernador Ruiz Ortiz, también deben ser procesados el ex procurador Evencio Martínez Ramírez; el ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segestre Ríos; el ex director de la Policía Ministerial Estatal Daniel Camarena Flores, y el ex coordinador de Seguridad municipal, Aristeo López Martínez, ejecutado en enero de 2009.

El jueves pasado, un juez federal en Jalisco, libró orden de aprehensión en contra del ex procurador Martínez Ramírez, y Camarena Flores, así como comandantes y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en mayo del año 2007.

El 19 de junio pasado, el pleno legislativo aprobó por mayoría retirar del Congreso Local de Oaxaca dos placas con los nombres del exgobernador Ruiz Ortiz y del entonces presidente de la Gran Comisión del Congreso, Bulmaro Rito Salinas por considerarlos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en el conflicto popular del 2006 y 2007.

 

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