Luis Octavio Murat Macías
El conductor de Morena, Andrés Manuel Lopez Obrador ofreció donar el 20% del gasto de campaña
del 2018 a damnificados de los terremotos. El 20% se traduce en más o menos en 100 millones de
pesos que se entregarían directamente a los afectados, sin intervención de intermediario alguno,
incluyendo el INE.
La propuesta del tabasqueño abrió el debate y, obviamente, las ofertas de los partidos fueron puestas
sobre el tapete elevándolas hasta el el punto de ¿quien da más?
Queda claro que de lo que se trata es ganar el aplauso y el favor de los electores y no la motivación de
ayudar a quienes lo necesitan. Nuevamente se juega con los sentimientos y la tragedia de las
poblaciones para obtener su gracia y después el poder, cuando el engaño y la mentira hayan hecho su
efecto.
El Frente Ciudadano integrado por el PAN, PRD y MC, captó la estrategia de AMLO y que ante la
presión ciudadana contra los partidos políticos y legisladores que se mantuvieron escondidos frente a la
tragedia, el Frente Ciudadano no tuvo otra opción que doblar su apuesta proponiendo terminar con el
100% del financiamiento público a partidos y eliminar los seguros de gastos médicos, los viáticos y
gastos para celular y gasolina de todos los altos funcionarios y dedicar todo ese dinero a los
damnificados de los terremotos.
El Frente Ciudadano elevó su oferta proponiendo que el financiamiento a partidos políticos no
provenga de los impuestos que paga la nación, sino de los simpatizantes y militantes partidistas:
”proponemos el procesamiento INMEDIATO de esta iniciativa de ley para eliminar al 100% el
financiamiento público”.
Y la subasta tomó fuerza, las acciones se desplegaron con intensidad aprovechando el temor de la gente
a los terremotos para captar al mayor número de afectados por los sismos y mostrarse como partidos
bondadosos, preocupados por el bien, la salud y la seguridad de los votantes. Ser el mejor partido y el
que más conviene para ganar las próximas elecciones.
El reto de AMLO caló fuerte motivo por el cual el PRI aumentó su apuesta inicial de donar el 25%, en
su lugar propuso una reforma constitucional para eliminar el 100 por ciento del financiamiento público
a los partidos y a los legisladores plurinominales para obtener un ahorro de 20 mil millones de pesos.
La oferta de Ochoa Reza fue acompañada de una visita al INE para hacer efectiva la oferta de renuncia
a una cifra inicial de 258 millones de pesos.
La oferta priista fue acompañada de un ingrediente que será debatido por todo lo que implica; me
refiero a que la reforma constitucional del PRI anularía el financiamiento público para acceder al
financiamiento privado.
Más claro, la subasta partidista implicaría privatizar el sistema de partidos políticos en México con los
riesgos que ello implica, como, por ejemplo, el que los financiamientos privados provengan de “manos
sucias”; de grupos de interés con objetivos muy claros como las aseguradoras y los bancos; las
desarrolladores, las empresas de alimentos y bebidas y los carteles de la droga, que tendrían
participación abierta en las decisiones legislativas, ejecutivas y judiciales para obtener más influencia y
poder como ocurre abiertamente en el sistema político de Estados Unidos con el partido republicano y
la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en ingles), que aprovecharon la Segunda
Enmienda Constitucional de los Estados Unidos de América para reconocer el derecho de las personas de poseer y portar amas, protegiendo la libertad.
