La presunción de inocencia por Juan Ibarrola C.

La polémica entre culpabilidad y responsabilidad inicia cuando no se quiere aceptar la diferencia entre ambas. De igual forma, demostrar que alguien es culpable o inocente debe basarse solamente en lo que la ley establece y no en el juicio sumario de a quien le conviene señalar antes de comprobar.

En nuestro país se ha convertido en dinámica sexenal acusar a los militares hasta el grado de asegurar que por tratarse de ellos entonces son culpables, así, sin más ni más. Se acusa a los militares aun y a pesar de que la sociedad sigue confiando en ellos más que ningún otro funcionario público, o bien, a nivel institucional, más que a cualquier otra.

En la práctica, a los criminales se les otorga la presunción de inocencia en primer lugar por una cuestión legal, y en segundo porque, de no hacerlo, se corre el riesgo de que se volteen las cosas, el criminal salga libre y hasta disculpas públicas haya que pedirle.

No recuerdo por parte de los detractores de las fuerzas armadas que después de comprobarse la inocencia de algún militar acusado se le haya ofrecido una disculpa, o bien que aquellos que tanto criticaron y señalado sin sustento haya salido, por ejemplo, a medios de comunicación a aceptar su equivocación.

Con las reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar, los soldados de tierra, mar y aire conocen a profundidad que deben atenerse no solamente a la justicia militar, sino también a la civil y las consecuencias de un abuso, una ilegalidad, o bien a un crimen que cometan porque le hará perder absolutamente todo, es decir, su libertad, su carrera militar, los beneficios que sus familias reciben por parte del instituto armado, etcétera.

El bien jurídico tutelado por la jurisdicción militar es la disciplina, ya que no es un privilegio, más bien es un cuerpo de leyes completo al que está sujeto el personal militar, además del fuero común y federal; está supeditada y subordinada siempre a lo establecido por la Constitución y en caso de que personal militar por la vía de amparo quiera solicitar que su expediente sea revisado por algún juzgado civil, éste puede llegar inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia.

En la justicia militar existe una efectividad de 97 por ciento, es decir, que de cada 100 delitos 97 reciben una pena condenatoria, y el porcentaje de rehabilitación del personal que han sido sentenciado es superior a 90 por ciento.

Pocos caen en cuenta que los militares tienen nombre, grado y matricula, lo que les genera una trazabilidad para saber —al momento de rendir su parte de novedades y reportes de actuación— dónde, cuándo y a qué hora suceden las cosas. Los militares no se esconden entre trámites burocráticos, al contrario, cuando es necesario presentar a un integrante de las fuerzas armadas ante la ley, ya sea militar o civil, se ha hecho, es decir, no hay espacio para el anonimato aun y a pesar de que su seguridad vaya en riesgo.

No son los militares quienes provocan la violencia en México. No son los militares quienes provocan letalidad en sus acciones, mucho menos intención premeditada de abusar o transgredir la ley, como tampoco afectar a la sociedad.

Diariamente, quienes integran al instituto armado y más quienes se encuentran desplegados en zonas violentas del país, salen a trabajar por el bien de México. De nadie más.

jibarrolals@hotmail.com
@elibarrola
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