José García Sánchez: Ahora, narcocampañas

José García Sánchez

La propuesta del coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, acerca de la modificación al artículo 41 de la Constitución, para que las campañas políticas sean financiadas con recursos privados es un retroceso.
El actual estado de las leyes electorales buscaron equilibrios por ello se condiciona, subsidia y regulan los ingresos de los partidos y las prerrogativas de sus campañas.
Este artículo de la ley electoral, sobre la limitación de los recursos privados a las campañas tuvo, desde el principio, dedicatoria al PRI.
Deben recordarse la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), creada en 1971, durante le sexenio de José López Portillo, se consideró un peligro para la democracia dar luz verde al subsidio de las campañas por parte de empresas privadas o de entes de actividad desconocida.
Ahora, la iniciativa del coordinador de la bancad del PRI, que es el verdadero líder nacional de ese partido, fue: “Los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales serán financiadas con recursos privados provenientes de las aportaciones de sus militantes, simpatizantes, así como de personas morales de nacionalidad mexicana con cláusulas de exclusión de extranjeros, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y la ley”.
El PRI plantea eliminar los recursos públicos a los partidos políticos en 2018, lo cual representa unos seis mil 800 millones de pesos, y destinarlos a los damnificados por los sismos.
Algún empresario constructor podría financiar una campaña con el candidato que consideran, desde ahora ganador y, posteriormente, “cobrar la factura” en su beneficio, al serle adjudicada una, varias o todas las obras del área donde ese candidato triunfador tenga influencia. Tal y como se hiciera en el actual sexenio con las constructoras españolas OHL y la brasileña Odebrecht.
Más de un cártel del narcotráfico empezará, desde ahora, a constituir empresas que pudieran financiar campañas, como ha sucedido seguramente en algún momento, antes y después de las leyes electorales que ahora nos rigen. Su aparente desinterés directo ocultará su verdadera intención de obtener impunidad y poderío sobre las rutas que le interese dominar y de las cuales se apropiarían, intensificando la violencia en todo el país.
El monopolio que el PRI mantenía de las reglas escritas e implícitas en los procesos electorales antes de 1971 da cuenta de una serie de favores otorgados sobre todo a empresarios. Se creaban sistemas de riego para latifundistas, se construían presas para favorecer etenos predios de siembra de monopolistas, en lugar de colocarlos en los lugares donde la gente del pueblo los necesitaba.
No se diga en la construcción de carreteras, que fueron trazadas para beneficiar a empresarios y gente poderosa y no para unir comunidades ni mucho menos para comunicar a los mexicanos. Sólo es necesario revisar la historia.
Este tipo de operaciones está en los genes de los priistas. Muchos de ellos se beneficiaron de las obras de sus proyectos administrativos. Un ejemplo es el profesor, nacido en el Estado de México, Carlos Hank González, quien aprovechó la infraestructura creada por los gobiernos en favor de sus tierras y empresas. Fu el creador de la idea de construir un aeropuerto en Texcoco.
La propuesta del mexiquense César Camacho, es más que un retroceso una muestra del oportunismo que caracteriza al PRI desde su nacimiento. Donde la consigna ahora parece decir: a río revuelto, ganancia de pescadores.

 

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