El magisterio fortalecido desde el gobierno

Las batallas que hoy libra la sección 22 del SNTE en contra de la reforma educativa tienen sus antecedentes en otras luchas libradas desde 1992 cuando, mediante una minuta firmada en ese año por el gobernador del estado, Heladio Ramírez López, el magisterio oaxaqueño no solamente encontró la oportunidad de promover a sus cuadros sindicales más activos y destacados en la burocracia administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) sino, con el paso del tiempo, de controlar y tomar las decisiones más importantes en materia laboral y administrativa del sistema educativo de nivel básico de la entidad.

Contra lo que pudiera esperarse, a lo largo de por lo menos dos décadas, las principales actividades de las sucesivas dirigencias seccionales y del movimiento magisterial disidente del CEN del SNTE se concentraron en fortalecer a su expresión sindical y consolidarse como un movimiento social y político, dejando para mejor ocasión el impulso de una proyecto educativo alterno al oficial, que solamente cobró forma y fuerza hasta el año 2012 cuando, en el contexto del primer gobierno de alternancia no priísta, se impulsó el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).

Como pocos gremios sindicales a nivel nacional, y aun dentro del mismo SNTE, el empoderamiento de la sección 22 del SNTE como una fuerza sindical y política fue posible porque, sin pretenderlo, los gobiernos federal y estatal contribuyeron a ceder y conceder todo tipo de demandas sindicales, económicas y políticas al punto que cuando tomó la determinación de usar la mano dura para imponer sus decisiones, como la aplicación de la reforma educativa, tuvo que enfrentar respuestas y crisis con diversos niveles de intensidad y beligerancia como las que ahora atestiguamos.

Activismo sindical sin proyecto educativo

La historia del empoderamiento de la sección 22 del SNTE en la estructura educativa de Oaxaca, y su fortalecimiento como la principal fuerza sindical y política en la entidad se inició en 1992, doce años después de su surgimiento como un movimiento democrático y antagónico al poder de Vanguardia Revolucionaria, hasta entonces una corriente sindical hegemónica en la estructura de poder del SNTE dirigido por Carlos Jongitud Barrios.
En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en mayo de 1992 el gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Heladio Ramírez López, firmó con la sección 22 del SNTE una minuta, que luego alcanzó el nivel de decreto, para transferir los servicios educativos y crear el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

A partir de entonces, se inició una nueva etapa en la vida sindical y política de la sección 22: si entre 1980 y 1989 los principales objetivos del movimiento magisterial oaxaqueño se habían orientado a democratizar su sindicato y obtener el reconocimiento legal de su dirigencia por parte del CEN del SNTE y, por esa vía, recuperar sus cuotas sindicales suspendidas por casi una década, ahora la prioridad de los líderes y corrientes sindicales fue ganar espacios administrativos en el IEEPO, especialmente direcciones y jefaturas de departamento.

Poco o nulo interés existió hasta entonces para promover reformas o impulsar un proyecto educativo propio en tanto el quehacer fundamental de sus líderes y corrientes sindicales estuvo enfocado a la actividad político–sindical, su fortalecimiento como gremio sindical disidente, la construcción de un frente amplio de masas opositor al gobierno y su empoderamiento en cargos administrativos en el IEEPO.

De los dos proyectos educativos alternos al de la SEP, promovidos por la dirigencia seccional entre 1989 y 1995, ninguno tuvo éxito: eso ocurrió con su propuesta de una Educación Alternativa y el denominado Movimiento Pedagógico, este último aprobado inicialmente por la CNTE y que la sección 22 del SNTE hizo suyo en 1995. Ninguna de estas propuestas de la dirigencia seccional se tradujo en proyectos que pudieran ser sometidos a discusión de la base magisterial y, en todo caso, sirvieron sólo como instrumentos propagandísticos para justificar sus pliegos petitorios que anualmente presentaban y negociaban con los gobiernos estatal y federal.

Con el mismo propósito, en 1992 se constituyó el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo (CEDES) con financiamiento del gobierno del estado. De ahí en adelante las actividades de las sucesivas dirigencias de la sección 22 del SNTE, y del movimiento magisterial en su conjunto, se orientaron esencialmente a presentar a los gobiernos estatal y federal, durante los meses de mayo de cada año, extensos pliegos petitorios que además de sus demandas gremiales incluían solicitudes para el otorgamiento de becas y uniformes escolares a los niños de enseñanza básica, mejoramiento de la infraestructura educativa e incremento del presupuesto destinado a la educación pública así como reclamos políticos y hasta sociales.

La estrategia de movilización–negociación–movilización, reforzada con la suspensión temporal o indefinida de actividades escolares, que en la década de los 80 les había resultado exitosa para obtener el reconocimiento de su dirigencia seccional por parte del CEN del SNTE, se replicó en grado superlativo en los años subsiguientes para obtener importantes logros económicos y prestaciones sociales, inéditos hasta entonces en el sindicalismo magisterial.

Fue precisamente entre 1993 y 2003, durante los gobiernos de Diódoro Carrasco Altamirano y José Murat Casab —ambos priístas— que el magisterio oaxaqueño logró acumular el pago de 365 días, más diez días de prima vacacional, 90 días de aguinaldo y 19 días de bono de productividad; es decir, un total de 483 días cobrables por 200 días laborables.

Muchas de estas prestaciones, pero sobre todo el pago de la diferencia de 50 días de aguinaldo (los 40 días de ley corrieron a cuenta del gobierno federal) entre otras erogaciones no consideradas en el presupuesto educativo, con el tiempo impactaron negativamente en las finanzas del IEEPO, al punto de acumular un déficit que para el 2003 se estimaba en 2 mil millones de pesos y para principios de 2015, en 7 mil 400 millones. Un efecto similar tuvo el compromiso, pactado entre 2003 y 2006, para homologar los salarios de poco más de 70 mil trabajadores de la educación de Oaxaca mediante la rezonificación económica.

Además, el déficit financiero del IEEPO también se multiplicó por la corrupción de los funcionarios de todos los niveles, el crecimiento desordenado de la burocracia sindical y administrativa, una abultada nómina de miles de maestros comisionados y “aviadores”, así como por el desvío de recursos para sufragar las campañas electorales de candidatos del PRI.

Los principios rectores del control sindical

El control de la mayor parte del aparato burocrático y administrativo del IEEPO les garantizaba a los líderes de todos los niveles sindicales y a los dirigentes de las corrientes sindicales de la sección 22 del SNTE convertirse en facilitadores eficaces de sus representados, así como asegurar una amplia red de lealtades y clientelas sindicales y políticas. Ese poder también fue usado para el tráfico de influencias, venta de plazas, promociones laborales, etcétera, tal como había ocurrido en la década de los 70 con Vanguardia Revolucionaria.

Sin embargo, ese apropiamiento del aparato educativo, y los recursos humanos y económicos que administraban, era solamente cúspide de una amplia y sólida estructura organizativa que tuvo otros dos instrumentos
básicos de control en el aparato sindical: la aplicación discrecional de los Principios rectores del movimiento magisterial (aprobados en 1982) y la institucionalización de una política de premios y castigos laborales a partir de la participación sindical y política de los agremiados.

Si en su origen los Principios rectores fueron un factor de contención a los intentos de los gobiernos priístas para recuperar el control de la Sección 22, una vez consolidado el movimiento disidente, los dirigentes seccionales los aplicaron para evitar críticas internas a su desempeño, sobre todo en las etapas de negociaciones con los gobiernos federal y estatal, y para expulsar a disidentes. Fue bajo ese contexto, y con fuertes acusaciones públicas de corrupción entre las partes en pugna, que en el 2005 un grupo disidente encabezado por los exsecretarios generales Alejandro Leal y Humberto Alcalá Betanzos se separaron de la sección 22 para crear más adelante la sección 59 del SNTE.

El segundo mecanismo de control, que permeó la base magisterial y de personal administrativo de todos los niveles educativos, fue el sistema de estímulos y castigos aplicado por asistencias o inasistencias a mítines, marchas, plantones y toma de edificios llevados a cabo dentro y fuera del estado de Oaxaca. El trabajador o trabajadora, docente o administrativo, que acreditara haber cumplido parcial o totalmente con las actividades sindicales que se le indicaban, podía tener derecho a ascensos, cambios de adscripción, préstamos económicos y todas las prestaciones laborales establecidas en el tabulador del IEEPO. El castigo —la denegación de estos derechos— aplicaba casi en automático para quienes preferían mantenerse en el aula o en su comunidad antes que participar en algún tipo de movilización.

A diferencia de Vanguardia Revolucionaria, el movimiento magisterial disidente del SNTE pudo crecer y fortalecerse sindical y políticamente por la confluencia de estos factores, aunque también debido a que sea por temor, conveniencia o complicidad, gobernadores y altos funcionarios de los gobiernos estatal y federal terminaban por concederles la mayor parte de sus demandas gremiales y políticas, en muchos casos inalcanzables por otros sectores de trabajadores mexicanos.

SÍ al PTEO, no a la reforma educativa

Fue en el contexto del primer gobierno de alternancia (2010-2016) que por vez primera la sección 22 del SNTE se propuso aprovechar su alianza estratégica con el gobernador Gabino Cué Monteagudo, así como toda su fuerza política y social acumulada a lo largo de más de tres décadas, para impulsar un proyecto educativo propio.

De esta manera se trabajó, a partir del 2012, en la redacción y aprobación del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca como alternativa a la reforma educativa federal promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Durante poco más de dos años y medio, el magisterio oaxaqueño intentó detener la aplicación de dicha reforma: primero, buscando que, por vía del jefe del poder ejecutivo, la legislatura local aprobara el PTEO con todos sus puntos y comas y, segundo, presionando a dicha legislatura para que no emitiera su voto aprobatorio a la reforma educativa.

Mediante foros regionales convocados por el Congreso local, la sección 22 del SNTE consiguió el respaldo social que requería para que el gobierno del estado prácticamente adoptara el PTEO y con algunos cambios, más de forma que de fondo, presentarlo como iniciativa de ley del jefe del poder ejecutivo a la LXII Legislatura local. Sin embargo, ante la oposición de las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN para aprobarlo, y la resistencia de la dirigencia magisterial para que el proyecto fuera modificado, el Congreso optaría por aplazar indefinidamente su revisión para darle entrada a la posibilidad de emitir su voto aprobatorio a la reforma educativa.

Sin embargo, a cada convocatoria del congreso local para abordar el tema, la respuesta magisterial era la misma: movilizarse, acordonar la sede del congreso e impedir que los diputados sesionaran. Con un poder ejecutivo maniatado y un poder legislativo inmovilizado, la sección 22 del SNTE volvió a tomar la iniciativa y para principios de 2015 tomó el acuerdo de boicotear las elecciones federales de 2015 en Oaxaca y otras entidades en donde la CNTE tenía presencia.

En ese contexto, el primer domingo de junio, aun con la presencia por tierra y aire de cientos de elementos de la policía federal y el ejército, grupos bien organizados de maestros “accionaron” en los once distritos electorales federales para intentar impedir la realización de los comicios. La jornada finalmente concluyó, pero con un saldo de cientos de casillas no instaladas, una considerable cantidad de material y boletas electorales destruidas, algunas sedes distritales del INE incendiadas y un abstencionismo que superó el 65 por ciento.

Este desafío al Estado, que se acompañó en días previos de otros actos “contundentes” como la toma de las instalaciones de PEMEX y de gasolineras, convencieron finalmente a los funcionarios más cercanos al presidente de la república que, bajo esas condiciones, no había posibilidad de restablecer el diálogo y las negociaciones reclamadas por la dirigencia de la sección 22 del SNTE para atender sus demandas, entre éstas, la abrogación de la reforma educativa. Se valoró entonces, o se confirmó, en su caso, el escenario de un golpe de mano mediante la abrogación de la minuta o decreto de 1992 que aseguraba al magisterio el control del aparato educativo de Oaxaca, así como la intensificación de la campaña, en medios nacionales, para desacreditar a la dirigencia magisterial que justificaría la eventualidad de librar órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes oaxaqueños.

El decretazo y la revuelta

Un factor coyuntural, y tal vez determinante, para que el 21 de julio de 2015 el gobernador Gabino Cué decretara la reestructuración del IEEPO, con todos los efectos legales y administrativos correspondientes, fue la amplia presencia de la fuerza pública federal y de elementos fuertemente armados del ejército y la marina que desde días antes de la jornada electoral del 7 de junio patrullaban por aire y tierra la ciudad capital y otros puntos de la entidad.

Políticamente, la presencia del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett, así como de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y del Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, evidenció no sólo el total respaldo del gobierno federal, también su abierta intervención en una decisión que ninguno de los gobernadores priístas que antecedieron a Cué (Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz) se habían atrevido a llevar a cabo.

Entronizado en la gubernatura por una coalición electoral opositora (PRD, PAN, PT y MC) y por el apoyo de organizaciones sociales de izquierda, entre las que había importantes sectores de la sección 22 del SNTE, Gabino Cué tampoco estaba en la ruta de romper con un aliado estratégico.

Sin embargo, tuvo que asumir el costo de hacerlo para recomponer su deteriorada relación con el gobierno federal; recuperar una autoridad bastante disminuida por el constante embate de los movimientos sociales y los poderes fácticos; oxigenar su administración acicateada por la ineficacia y una corrupción galopante, y posicionarse a nivel nacional, en la antesala del relevo gubernamental, como un gobernante de mano firme y con capacidad para recuperar la rectoría educativa de su estado.

El “decretazo” para transitar del “viejo” al “nuevo” IEEPO y que —en forma inmediata se traduciría en una cadena de despidos de funcionarios afines a la sección del SNTE en el aparato educativo y en la aplicación de las primeras evaluaciones al personal docente sindicalizado por parte de la SEP abrió un breve compás de espera en las movilizaciones magisteriales que erróneamente los gobiernos estatal y federal interpretaron como el principio del fin de la sección 22 del SNTE.

Con esa mala lectura de la realidad sindical y política de Oaxaca, desde las oficinas centrales de la SEP, en donde ya despachaba Aurelio Nuño en sustitución de Emilio Chauyfett, se giraron instrucciones al gobierno del estado y al Director General del “nuevo IEEPO”, Moisés Robles, para utilizar toda la fuerza del Estado para aplicar las evaluaciones y amagar y sancionar laboralmente a los maestros que se resistieran a su aplicación. Como parte de la misma estrategia, la LXII legislatura local aprobaría en abril del 2015, con el voto en contra del PRD y del PT, la armonización de la Ley Estatal de Educación con la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Aunque ya desde el 15 de mayo la sección 22 del SNTE, y otras secciones sindicales afines a la CNTE, iniciaban un paro indefinido de actividades y se concretaba una alianza electoral entre el magisterio oaxaqueño y MORENA, en el contexto de la elección de gobernador, ni el gobierno de Peña Nieto ni el de Gabino Cué cedieron a las presiones magisteriales. Decididos a seguir midiendo fuerzas, días después de la jornada electoral del 6 de junio, el gobierno federal procedió a la detención y encarcelamiento de Rubén Núñez Ginés y Rodolfo Villalobos, Secretario General y Secretario de Organización, respectivamente, de la sección 22 del SNTE. Luego vino el fallido operativo policial de desalojo de la carretera de Nochixtlán, con su secuela de muertos, heridos y pobladores agraviados. Las protestas, entonces, subieron de tono, cobraron niveles de revuelta y, como en el 2006, acudieron decenas de organizaciones sociales, indígenas y padres de familia en apoyo de la sección 22 del SNTE.

Son ellos ahora los principales protagonistas de esa revuelta magisterial y social que ha polarizado a la sociedad y colocado en el centro del debate público la cuestión de quién o quiénes son los culpables de esta nueva crisis política que padece Oaxaca: si el magisterio oaxaqueño y sus aliados, cuyos métodos de lucha ponen en duda la vigencia del estado de derecho; el gobierno de Enrique Peña Nieto y los partidos políticos que aprobaron e impusieron una reforma educativa de corte laboralista y punitivo, o el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, quien primero fue complaciente y después pasó a la confrontación con el movimiento magisterial.

Mientras tanto el conflicto, la crisis y las protestas de maestros y otros sectores antagónicos crecen y no parecen tener un punto final.

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(*) El título original es “Una disidencia magisterial fortalecida desde el gobierno” y se encuentra publicado el número 4 de la revista El Espulguero, una impreso cultural dirigido por el pintor oaxaqueño, Francisco Toledo.
(**) Isidoro Yescas Martínez. Es maestro en Sociología egresado de la UABJO. Analista político. Articulista. Coautor de La insurgencia magisterial en Oaxaca (IISUABJO) y coordinador de Oaxaca 2010, Voces de la transición (Carteles Editores).

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