Armando Reyes Vigueras: Tarjetas rosas

La multa que el INE impuso al PRI por el uso de las llamadas tarjetas rosas —utilizadas como un recurso propagandístico en las pasadas campañas electorales—, es sólo la punta del iceberg de un tema que es muestra de la perversión que se ha hecho del proselitismo y de cómo los partidos son capaces de todo por los votos.
Tarjetas por votos
Entre los recursos que el PRI ha utilizado para atraer votos a su causa, se encuentra el uso de tarjetas que, de acuerdo con la información que se tiene, buscan ganar al elector con promesas de dinero en efectivo o descuentos en la compra de ciertos productos.
En la campaña de 2012, el tricolor fue cuestionado por el uso de tarjetas manejadas por una institución financiera, Monex, y relacionadas con las tiendas Soriana.
A pesar de las sanciones y del escándalo en medios, el PRI siguió utilizando este tipo de instrumentos en comicios posteriores, como ha sido el caso de las tarjetas rosas que aparecieron en las campañas del Estado de México y Coahuila.
Hasta el momento, el INE sólo impuso una multa de poco más de 918 mil pesos para dicho partido en Coahuila, pero perdonando el caso del Estado de México bajo el argumento de que tales tarjetas tenían un uso propagandístico, lo cual no ameritaba una sanción, en opinión del consejero electoral Enrique Andrade.
Es previsible que en el 2018 aparezcan variantes de este tipo de tarjetas, en particular entre población de bajos recursos, quienes podrían considerarse el público objetivo de estas estrategias.
¿Qué tan válido es recurrir a la utilización de tales tarjetas para atraer el voto? Tanto para el consejero Marco Baños como para el representante priísta José Carlos Ramírez Marín, se trata de mera propaganda electoral, aunque impliquen una promesa a corto plazo que sugiera la entrega de dinero a quienes se apuntaran en un padrón asociado a la tarjeta.
Al menos en el Estado de México, muchas personas compartieron las promesas que les hacían al darles las tarjetas, básicamente dinero en efectivo en caso de ganar el candidato tricolor, pero como no hay documentos y muchas de las promesas fueron vagas, no hay pruebas suficientes para proceder en contra de los promotores de esta idea.
Desde otra perspectiva, tenemos un claro ejemplo de cómo se recurre a la compra de votos para ganar una elección.
Si un candidato promete mejorar una vialidad para ganar el voto, se podría decir que no hay delito que perseguir, pero si la promesa es que si votan por él se les dará dinero, estamos ante una violación a la ley.
Y es que los problemas empezarían al rastrear el origen del dinero para fondear estas promesas.
Otra faceta tiene que ver con la manera en que se concibe la utilización de este tipo de recursos, en una estructura que deja de apelar al razonamiento del elector para explotar sus necesidades, por lo que se piensa que recurrir a los estratos socioeconómicos bajos para ganar una elección, considerando su número, es una parte importante de la campaña electoral.
Eso también ayuda a explicar porqué no se reduce la pobreza.
Otro punto de preocupación lo tenemos en lo que acaba de suceder en el INE. La sanción para el PRI en Coahuila y su exoneración en el Estado de México, por el tema de las tarjetas, en lo que afloraron tecnicismos legales para salvar una sanción y la presencia de un consejero electoral, Enrique Andrade —hermano de Virgilio, quién exoneró a Peña Nieto por lo de la famosa Casa Blanca—, hace pensar que más allá de la intención de limpiar comicios futuros, lo que se hace es mostrar el camino para ganar con recursos cuestionables.
Si antes se recurría al robo de urnas, a falsificadores parte alterar actas, ahora el método es ofrecer dinero a los votantes a través de tarjetas.
Para la oposición, esto también implica un reto para demostrar que se está utilizando un recurso ilícito en una campaña electoral, que probablemente sea respaldado con un desvío de recursos públicos, aunque los ciudadanos y los medios podrían participar de dicha investigación.
Como es posible concluir en este tema, los partidos políticos –en especial el PRI– van a recurrir a cualquier tipo de medidas para asegurarse de tener votos, en especial en comunidades en las que haya más población con escasos recursos –y poca educación e información–, con tal de ganar una elección.
Que en el INE no se cuente con consejeros que puedan establecer sanciones adecuadas para evitar que este tipo de temas sigan dañando la credibilidad de todo el sistema político-electoral mexicano, es sólo una muestra de cómo los propios partidos han logrado imponer a sus consejeros para que los defiendan en casos como el aquí comentado.
Y también esto habla mal de muchos ciudadanos quienes prefieren una limosna a reflexionar y decidir con otra orientación su voto. Luego nos quejamos qué haya gobernantes como los que estamos padeciendo, pero hubo votantes que les ayudaron a llegar al cargo.
Del tintero
Duarte, socavón en el Paso Express, Coahuila, notarias entregadas por Eruviel, entre otros temas se suman a los cuestionamientos al PRI y al gobierno federal. En este último siguen sin reaccionar, ¿o esta parte de su estrategia?

@AReyesVigueras

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