Armando Reyes Vigueras: Ilegalidad partidista

Ahora que el espionaje está de moda en los espacios de los medios de comunicación, una de las facetas de este tema, que atañe a los partidos políticos, ha sido poco abordado por analistas o periodistas. Se trata de la abundancia de grabaciones ilegales que los partidos difunden en el marco de una campaña electoral, algo que también es un delito, pero que recibe protección de esa impunidad que ha sentado sus reales en el país.

Oídos y ojos ilegales

En las campañas electorales, una de las armas favoritas utilizadas por los partidos políticos es la difusión de grabaciones de llamadas telefónicas en las que se puede escuchar a un candidato adversario reconocer algún ilícito o irregularidad.

Como parte de las estrategias de los partidos, esto se ha hecho común y es parte de lo que los electores evalúan al momento de decidir su voto, razón por la cual los cuartos de guerra de los candidatos consideran utilizar este tipo de recursos para ganar la votación.

Hoy en día, con las noticias que dan a conocer el espionaje que presuntamente se realiza desde el gobierno hacia activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, no han faltado militantes que también han levantado la mano señalando que asimismo han sido víctimas de espionaje, pero que no reconocen que también hacen uso de esta deleznable práctica en sus estrategias electorales.

Seamos claros, es condenable que se espíen las conversaciones de cualquier persona, en particular si el marco legal no deja en claro en que condiciones y con que requisitos se puede hacer esto, pues de lo contrario se deja al criterio de cualquier funcionario quien podría, incluso, espiar a su esposa para saber si lo engaña, haciendo uso de recursos públicos.

En el caso de los partidos, este episodio los ha exhibido en una más de sus incongruencias.

Esto es así por la sencilla razón de que si en realidad quisieran combatir esta práctica, hubieran –por medio de sus bancadas legislativas– revisado el marco legal para evitar que se realice el espionaje sin un protocolo claro –como bajo la orden de un juez o llevando un registro–, pero en lugar de eso sólo denuncian que son objeto de escuchas ilegales buscando pasarse al lado de las otras víctimas.

Otra razón para exhibir su incongruencia, se ubica en la utilización –como decíamos al principio de este espacio– de grabaciones ilegales para atacar a los candidatos rivales.

Es claro que estas grabaciones no se realizan con el permiso de los señalados, sino que se trata de un trabajo de espionaje aunque lo realicen particulares. Esto nos lleva a otro detalle, pues las grabaciones no se realizan por la ociosidad de agentes, exagentes o detectives privados, sino que lo hacen porque alguien se los pidió, señalando al objetivo a espiar, o es parte de una actividad que sabe que este tipo de insumos serán altamente valorados en las campañas electorales, por lo que desde meses atrás se dedican a grabar a los posibles aspirantes con el fin de vender sus grabaciones en el momento adecuado.

Los partidos no han hecho ningún señalamiento a este respecto, menos reconocido ser parte de una actividad ilegal, aunque condenen el espionaje que se denuncia en medios de comunicación.

Y para rematar, luego de obtener las grabaciones –aunque se justifiquen diciendo que “alguien” se las entregó–, las difunden en lo que es también otro delito, aunque en ese momento nadie de los integrantes del equipo de campaña reconozca esto.

Gracias a la impunidad que prevalece en México, nadie ha sido detenido por haber grabado ilegalmente una conversación telefónica o por haberla difundido, así de simple, sea como parte de una campaña electoral o como parte de una investigación periodística.

Así que los partidos, que tanto se defienden diciendo que no son agencias de investigación cuando son reveladas las corruptelas de uno de sus militantes, se comportan como una en plena campaña y encuentran los trapitos sucios de sus adversarios. Curiosa dualidad que simplemente exhibe la calidad de nuestra élite partidista.

Así que con todo y vestiduras rasgadas, nuestros partidos colaborarán a que el espionaje que se realiza en México siga tan campante como siempre y a que haya impunidad en este tema, pues si realmente quisieran acabar con esto tienen a la mano a sus legisladores para modificar el marco legal y a sus gobernantes para poner el ejemplo, pues al momento en que se dio a conocer el espionaje a activistas y señalar al gobierno federal, se dio también el dato que varios gobiernos estatales han comprado el software Pegasus y nadie les ha pedido cuentas a estos.

Pero así son nuestros partidos.

Del tintero

Una buena medida para empezar a terminar con este tipo de prácticas, sería que el INE inhabilitará a quien difunda una grabación ilegal, además de investigar al exhibido y sentenciarlo si se prueba la comisión de un delito. Soñar se vale.

@AReyesVigueras

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