Armando Reyes Vigueras: Financiamiento de precandidatos

Armando Reyes Vigueras

Un tema que ha pasado desapercibido para la mayoría de la ciudadanía –aunque no para algunos analistas y usuarios de redes sociales–, es el relativo al financiamiento de los aspirantes a la candidatura presidencial, quienes recorren el país preparando el terreno para el momento en que en sus respectivos partidos se definan los métodos de elección. En este rubro hay mucho dinero de por medio.
Cuentas alegres
Desde 1997, año en el que Vicente Fox anunció su intención para buscar la candidatura presidencial, los aspirantes a participar en una elección toman la decisión de seguir al pie de la letra aquella frase que dice “al que madruga Dios lo ayuda”.
Y es que las campañas para alcanzar una candidatura presidencial se hacen ahora de una manera muy adelantada, véanse sino los esfuerzos por alcanzar esta posición de varios de los aspirantes quienes llevan un par de años anunciando sus intenciones para convertirse en abanderado de sus respectivos partidos en el 2018.
Pero más allá de si es conveniente o no, o de los efectos que a nivel interno provocan este tipo de estrategias, es claro que para armar una campaña adelantada que implique estar al borde de la ilegalidad, recorrer el país y acercarse tanto a ciudadanos como a militantes, es necesario contar con recursos suficientes para poder sostener un esfuerzo de esta naturaleza, en particular si no se cuenta con un trabajo que mantenga una actividad promocional tan intensa.
Es así que, si analizamos lo que actualmente están realizando personajes como Margarita Zavala de Calderón, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera, Ivonne Ortega o Andrés Manuel López Obrador, por mencionar algunos, nos daremos cuenta qué hacen gala de recursos suficientes para sus actividades proselitistas, pero sin rendir cuentas.
El listado de actividades que llevan a cabo, después de anunciar su intención por llegar a ser candidato presidencial, incluye recorridos por todo el país, personal de apoyo, promoción en redes sociales, entre otras actividades.
Si bien algunos de los aspirantes podrían mencionar que han realizado cenas con empresarios y simpatizantes para recaudar fondos, las aportaciones recibidas no han sido suficientemente transparentadas para saber con cuanto capital cuentan para su aventura electoral.
Asimismo, son pocos quienes han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales o explicado de que viven –de algo tienen que comer, por lo menos–, además de no informar si el personal que los apoya es voluntario o si recibe un sueldo.
Esto cobra mayor relevancia si consideramos que se trata de políticos que buscan convertirse en jefes del ejecutivo federal, posición desde la cual manejarían millonarios recursos en una democracia en la que la rendición de cuentas es necesaria y con múltiples ejemplos de corrupción gubernamental.
Asimismo, no se han hecho públicas las donaciones que han recibido –si así fuere el caso– de empresarios o simpatizantes, los nombres de los mismos y si existiría –en el eventual caso de ganar las elecciones del 2018– un conflicto de intereses, algo que los mexicanos no les gustaría que se reeditará como ha sido el caso de la famosa “Casa Blanca”.
La falta de transparencia en este rubro es uno de los aspectos más negativos de las campañas adelantadas, en las cuales es evidente que hay recursos de sobra, pero opacidad en la información sobre los mismos, lo que permite preguntarnos si será parte de su ejercicio de gobierno.
Para los ciudadanos, más allá de que simpaticen o no con alguno de los aspirantes, debe ser preocupante que realicen una campaña con dos o más años de anticipación con abundancia de recursos y no ofrezcan cuentas acerca del origen de los mismos, pues nadie se cree el cuento de que han sido muy ahorrativos o que tienen muchos amigos que les ayudan con su precampaña.
Esto también nos lleva al ámbito legal, pues la mayoría de estos personajes ha dicho públicamente que quiere ser candidato presidencial o que participará en la elección federal de 2018. Si el marco legal prohíbe los actos anticipados de campaña, ¿por qué razón no se les ha sancionado cuando recorren el país escuchando las demandas ciudadanas y haciendo promesas en caso de llegar a la presidencia?
Sin duda, se trata de una muestra más del cinismo de nuestra clase política cuya ambición los lleva a no guarda las formas ni a esperar los plazos legales para inscribirse en los procesos internos para definir las candidaturas en sus respectivos partidos.
Que haya militantes que los alienten e, incluso, defiendan hasta en redes sociales, nos habla de la falta de una cultura de la legalidad, pues sólo así se puede entender que se trate de justificar ediciones promocionadas en cualquier rincón del país, autobuses para giras o apariciones en spots y en redes sociales. Si empiezan buscando resquicios legales para hacer sus precampañas, qué podemos esperar si llegan a ganar.
Del tintero
En este tema es curiosa la pasividad del INE, pese a las evidencias existentes. Quizá sea el miedo o un pacto del que no conocemos los detalles.

@AReyesVigueras

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