“Es importante destacar que la formulación o reforma al marco legal existente, requiere de participación de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que se encuentran fuertemente ligados al manejo de la riqueza natural, como los son las comunidades campesinas e indígenas, así como la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil”, aseguró Gutiérrez Galindo, principal impulsora del punto de acuerdo.
“Es necesario que previo a la aprobación de la Ley General de Biodiversidad, se realice un proceso de consulta en el que se dé la importancia que se merece a los grupos interesados y, especialmente, a las comunidades indígenas y campesinas, que dependen directamente de la biodiversidad para su subsistencia y que, a su vez, contribuyen a la conservación y diversificación de la riqueza natural del país”, concluyó la legisladora.