La LXIV Legislatura saldó una deuda histórica que el Estado tenía con los y las oaxaqueñas, con la aprobación de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca.
Aprobado en sesión extraordinaria de esta soberanía, con 32 votos a favor, este instrumento jurídico establece los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta, y reconoce a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
En torno a esta decisión, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó que la ley reconoce el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como un derecho colectivo, además, obliga a las autoridades a llevar a cabo la consulta cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de causar afectaciones.
La diputada Gloria Sánchez López, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y Migración, precisó que la aprobación de este ordenamiento representa un paso firme en la defensa y reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades.
El congresista Saúl Cruz Jiménez, recordó que esta Legislatura ha tenido la convicción de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades, al plantear varias iniciativas que aportaron ideas y en la que se conjugaron ideas y propuestas de los pueblos y comunidades.
En su oportunidad, la legisladora María de Jesús Mendoza Sánchez, dijo que el dictamen de la ley presentada es, por mucho, el cumplimiento al mandato de la Constitución Local que establece en el Artículo 1 que “el estado de Oaxaca es multiétnico, pluricultural y multilingüe”.
Este ordenamiento fue elaborado con las aportaciones realizadas por la ciudadanía, académicos, autoridades municipales, núcleos agrarios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, y representantes populares, así como diputados federales e integrantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre muchos otros, a lo largo de 16 foros regionales, un foro estatal y trabajo coordinado de cuatro comisiones unidas. Como órgano garante, acudió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

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