Ante la ola de iniciativas que, en pos del progreso y desarrollo económico, impactan negativamente al medio ambiente, territorio, sociedad o cultura de la población,  han surgido personas o grupos que a título personal o profesional y de forma pacífica se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente ¨conocidos como defensores ambientales¨(1). Estos defensores se oponen a los efectos adversos o imposiciones de proyectos como: minería, energía (hidrocarburos, hidroeléctricas o eólica), privatización del agua, vías de comunicación, manejo inadecuado de residuos, tala de bosques o manglares y  liberación de organismos genéticamente modificados. Este activismo es realizado  en una evidente situación de desventaja ante empresas o  gobiernos y arriesgándose a ser víctimas de estigmatización como ¨enemigos del progreso¨; además de ser objeto de difamación, intimidación, represión, criminalización o hasta el asesinato, como lo indica el informe presentado el pasado 2 de febrero por la organización Global Witness,  quien asegura que en el año 2017, 197 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados alrededor del mundo, siendo los países con mayor riesgo: Brasil, Filipinas, Colombia y México (que ocupa el cuarto lugar a nivel global con 15 eventos).  Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA, en su Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México 2016, registra 63 casos de ataques a defensores, en donde Oaxaca ocupa el tercer lugar, después de los estados de México y Sonora. En este informe, se indica que los principales agresores son los gobiernos estatales, federales y municipales, personal de empresas, seguridad privada,  personas de la comunidad o  incluso,  el crimen organizado. Siendo el caso más grave la muerte de Isidro Balenegro López, crítico de la tala ilegal en Chihuahua y en últimas fechas,  destaca la noticia de que indígenas del municipio de Cuetzalan Puebla, fueron criminalizados por la Comisión Federal de Electricidad al intentar defender su ordenamiento territorial.  En Oaxaca, se recuerda el caso de Bernardo Vásquez, opositor a un proyecto minero en los Valles Centrales. A nivel internacional, el pasado 2 de este mes, el mismo día que se presentaba el informe, la muerte de Yolanda Maturana en Colombia, opositora de actividades mineras, conmovió a la comunidad internacional.

Los defensores ambientales, cuentan con instancias que protegen su labor, entre las que destacan el marco legal internacional como el Convenio 169 de la OIT, para Pueblos Indígenas, La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. En América, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos quien a través de audiencias y recomendaciones sobre medidas cautelares, es importante foro de denuncia. A nivel nacional, destaca la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que mandata la creación del ¨Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas¨  y del ¨Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas¨. En nuestra entidad, es preciso fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca  (DDHPO), entre otras acciones realizadas por colectivos,  organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Este panorama, nos motiva a contar con alternativas que prevengan o reduzcan estas situaciones; entre las más destacadas se encuentran:

  • Garantizar los derechos ambientales de la población como obligación de las autoridades, a través de la evaluación de impactos ambientales, sociales, en derechos humanos y culturales de proyectos, además de una consulta previa efectiva, en la que se respete el derecho de pueblos y comunidades a decir no, cuando un proyecto pueda implicar afectaciones ambientales y/o sociales graves;
  • Responsabilidad social empresarial efectiva, ante los impactos generados por su actividad y en la distribución de beneficios derivados de proyectos de inversión (empleo, capacitación, infraestructura social, salud, etc.);
  • Identificar alternativas a proyectos con posibles impactos negativos:  ya no estamos en épocas en la que solo había una forma de hacer las cosas; en la actualidad existe tecnología, que permite desarrollar determinados proyectos con controles ambientales y sociales adecuados;
  • Privilegiar el diálogo e información, con el objeto de obtener licencia social legítima para obras y proyectos. Muchas veces las comunidades se oponen ante la negativa de información clara y canales correctos;
  • Para los gobiernos, es necesario contar con personal capacitado en derechos humanos y medio ambiente, prevención y atención a conflictos socio ambientales y mediación, dar cumplimiento a los mecanismos de protección a defensores; y
  • Seguir visibilizando los casos de agresiones para llamar la atención de empresas, gobierno  y sociedad en general, con el objeto de combatir este problema.

Ante el panorama de inversiones en la entidad, estaré pendiente de los aspectos sociales de las inversiones anunciadas; porque es cierto que necesitamos salir de ese vergonzoso primer lugar nacional en pobreza que ocupamos, pero esto no debe ser ni a costa del medio ambiente ni  de los derechos humanos de los habitantes que tan celosamente han cuidado la biodiversidad de la que tan orgullosos nos sentimos, sin duda   #AhoraesCuando proteger a los defensores ambientales, porque su lucha es por hoy y para las futuras generaciones.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/03/opinion/002a1edi

https://www.youtube.com/watch?v=k5qQwQj_R4E

  1. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2017. Informe de la situación de las personas defensores de los derechos humanos ambientales en México, 2016

La autora es Diputada Local y Presidenta de la Comisión Permanente de Ecología en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

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