Los retos de la humanidad, requieren para su resolución de la interacción entre sociedad y autoridades, es por eso que el concepto de gobernanza, surge como una de las propuestas para una colaboración entre gobierno y gobernados, con la finalidad de atender las distintas problemáticas que aquejan a la sociedad.  Este proceso es conocido como participación ciudadana y se define como “la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en asuntos públicos, llevada a cabo en espacios y condiciones definidas, permitiendo el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de las políticas públicas, a través de diversas formas de contraloría ciudadana”, misma que requiere de condiciones mínimas para ser efectiva: en primer lugar, el  respeto a los derechos humanos, los canales institucionales y marcos jurídicos, la información y en segundo,  la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas (1). La participación ciudadana cuenta con dos mecanismos: los órganos, que son grupos constituidos por las autoridades, tales como los consejos consultivos en determinada materia,  e instrumentos o formas de acceso; entre los que destacan el derecho a la información, la denuncia popular y las consultas públicas en materia de impacto ambiental.

A nivel internacional, se reconoce que la participación social es un derecho y un prerrequisito para el desarrollo sustentable, tal y como se ha establecido en el Principio 10 de la Declaración de Río: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Enfatizando, además, la importancia del acceso a la información sobre el medio ambiente, especialmente aquellos riesgos que pueden afectar a las comunidades y la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones, aunado a la obligación de  las naciones de facilitar y fomentar la sensibilización y  participación de la población, poniendo la información a disposición de todos, así como el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, como el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

En nuestro país, las bases jurídicas para promover la participación social  en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, se encuentran, en el nivel federal, en  los artículos 157 a 159, de la LEGEEPA (2) y en el nivel estatal, en los artículos 121 a 124 de la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca. En estas ordenanzas, se establece la obligatoriedad  de la Federación, Entidad y municipios, respectivamente,  para  promover la participación corresponsable de la sociedad en las diversas etapas de la  política ambiental.

La participación ciudadana en materia ambiental es un fenómeno global, que además de  ser  precursor de los diversos tratados y acuerdos internacionales en la materia, continúa vigente en todos los rincones del orbe. En nuestro país, dichas iniciativas,   han contribuido a la formación de políticas, programas y estrategias a nivel nacional y local, como los programas de ordenamientos marinos, programas de derechos humanos y medio ambiente, jóvenes y sustentabilidad,  además de detener la destrucción de ecosistemas prioritarios o extinción de especies. En Oaxaca, territorio con amplia tradición en participación social, contamos con numerosos ejemplos de éxito en la materia: los ordenamientos territoriales comunitarios, proyectos de turismo alternativo, manejo forestal comunitario, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, formulación de programas,  entre muchos otros esfuerzos exitosos.

No obstante  lo anterior,  la problemática ambiental rebasa por mucho los esfuerzos que la sociedad realiza para participar de forma activa en el ciclo de políticas públicas y, por lo tanto, se vuelve un imperativo contar con un mayor número de individuos y organizaciones  capaces, informados, propositivos y activos,  que se involucren en las acciones para contribuir  a la consolidación del desarrollo sostenible. Para lograrlo, es necesario también que los tres niveles de gobierno,  tomen conciencia de la importancia de dar apertura respetuosa a las propuestas emanadas de la experiencia de expertos y grupos de la sociedad civil y brinde acceso a la información de forma transparente en un ambiente de corresponsabilidad, generando dos condiciones básicas:

  • Fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación; y
  • Desarrollo de condiciones y capacidades para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de participación.

Bajo este contexto,  saludo las diferentes iniciativas de la sociedad civil para proponer e interactuar con las autoridades en beneficio de la sustentabilidad, tales como el Observatorio Ambiental Ciudadano de Oaxaca de reciente creación, esperando que existan muchas más, quienes de forma constructiva contribuyan a cristalizar el buen vivir en el estado, ya que en la sociedad se concentra la mayor parte de las posibilidades  para promover los cambios necesarios para lograrlo, sin duda,  #AhoraesCuando caminar sociedad civil y gobierno por un mundo más sostenible.

*La autora es Diputada Local en la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca y Presidenta de la Comisión Permanente de Ecología.

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