Durante siglos, las comunidades humanas contaron con diversas medidas de protección ambiental a espacios; principalmente a través del otorgamiento de valores espirituales a sitios clave para el desarrollo de especies, conservación de ecosistemas o zonas prioritarias en la producción de bienes y servicios ambientales como la captación de agua o protección contra fenómenos naturales. De acuerdo a expertos, dichas medidas representan el primer antecedente de las áreas naturales protegidas; espacios que han cobrado importancia a medida que la disponibilidad de zonas preservadas,  se ha ido reduciendo debido a la degradación ambiental que padece el planeta y que representan,  uno de los principales instrumentos en materia de protección ambiental a nivel mundial, por lo que de acuerdo con  la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aproximadamente el 15% de las tierras del planeta y sus aguas territoriales están protegidas bajo este esquema.

En nuestro país, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) define a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) como ¨las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la Ley¨. En esta misma Norma, se establecen las modalidades de conservación que existen:  Reservas de la biósfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, parques y reservas estatales, zonas de conservación ecológica municipales y áreas destinadas voluntariamente a la conservación (artículo 46 de la LGEEPA).

Como he recalcado en pasadas publicaciones, la alta diversidad biológica de nuestro estado implica contar con mecanismos de protección de nuestro patrimonio natural. Es por eso que,  en nuestra entidad se cuenta con áreas naturales protegidas decretadas desde 1937, tal es el caso de los Parques Nacionales Benito Juárez y Lagunas de Chachahua, además de existir 8 áreas de competencia federal. Sin embargo, a nivel local, Oaxaca cuenta con 8 áreas naturales protegidas y falta mucho por hacer para dotar de operatividad a estos espacios y cubrir las necesidades de conservación de la entidad, principalmente en lo que se refiere a planes de manejo, protección efectiva de esos sitios  y la incorporación de los habitantes locales para garantizar su conservación.

Al interior de nuestras comunidades, existen modelos de conservación comunitaria como espacios protegidos,  que son parte de los ordenamientos territoriales comunitarios, áreas destinadas voluntariamente a la conservación o programas de conservación de vida silvestre como Unidades de Manejo (UMAS), que también representan un modelo de protección,  a través del aprovechamiento de flora y fauna. En estas experiencias, existen diversos casos de éxito reconocidos a nivel internacional, al ser esquemas “de abajo hacia arriba” donde la participación de los pobladores locales, es determinante para las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable realizadas en estos espacios, ya que éstos son los que, en un primer momento, cuentan con la responsabilidad de preservar sus sitios protegidos y los que, de la misma forma, pueden verse afectados ante decisiones verticales o imposiciones de aprovechamiento, cambios de uso de suelo o hasta conservación excesivamente restringida.

El marco legal tanto en el nivel estatal como el federal, se establece  que las ANP deben contar con un programa de manejo, principal instrumento para dotar de operatividad a estos esquemas de conservación,  en el que se especifiquen las características del sitio, áreas en que se dividen (núcleo y de amortiguamiento) así como las actividades permitidas en cada una de ellas como la preservación, el aprovechamiento sustentable, uso público, asentamientos humanos o recuperación. Al respecto, es importante destacar los proyectos realizados en estos espacios como ecoturismo,  producción orgánica, aprovechamiento de vida silvestre bajo el esquema de UMAS, entre otros.

Desafortunadamente,  esta modalidad de conservación cuenta con importantes retos;  entre los que destacan la necesidad de proteger más espacios claves para la biodiversidad;  ya que como lo establece la UICN, sólo 8 cada 10 áreas claves para la biodiversidad en todas partes del mundo, carecen de protección completa. Aunado a lo anterior, la falta de planeación, financiamiento para la vigilancia, protección, participación de actores locales y aprovechamiento sustentable, es otro de los pendientes para garantizar la conservación efectiva. Es por eso que, ante la alta relevancia de las áreas naturales protegidas como “el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad”, es preciso realizar acciones que en efecto, garanticen el cumplimiento de los objetivos de preservación y conservación, entre los que destaco:

  • Revisión del marco legal y esquemas de manejo en estos espacios,  para evitar aplicación discrecional o laxa que pueda generar conflictos o reducción en las acciones de conservación.
  • Fortalecimiento del papel protagónico que deben tener los pobladores locales para el trabajo conjunto en materia de conservación.
  • Sensibilización de la sociedad sobre la importancia de estos espacios, especialmente a pobladores de zonas urbanas, para generar entendimiento sobre la alta dependencia que tenemos de las áreas protegidas.
  • Reforzar los programas y montos asignados para vigilancia, conservación y aprovechamiento sustentable en tales sitios.

Sin duda, las áreas naturales protegidas, garantizarán la continuidad de diversos procesos ambientales necesarios tanto para la vida del presente, como la de las futuras generaciones, por eso #AhoraEsCuando conocer, valorar, promover e involucrarnos en las acciones de conservación de estos espacios.

 

*La autora es Diputada Local en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca y Presidenta de la Comisión Permanente de Ecología

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