Entre las pifias y bromas de mal gusto que caracterizaron a la LXII Legislatura local no puede pasar desapercibido la aprobación de la iniciativa de ley relacionada con las reformas constitucionales a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca en materia de responsabilidades administrativas.

Dicha iniciativa, presentada por el diputado del PRI, Adolfo Toledo Infanzón, tendrá que formar parte de la historia de un poder legislativo que no respetó normas técnicas, metodológicas y hasta ortográficas para darle curso a iniciativas sin pies ni cabeza pero que, políticamente, se elevaron casi a rango de “razón de Estado” para que las bancadas y expresiones de todos los partidos políticos representados en la LXII legislatura la aprobaran con todos sus puntos y comas y sin tomarse la molestia de razonar su voto.

Dentro del paquete de estas reformas aprobadas por la LXII legislatura el pasado 15 de septiembre, y que hasta la fecha no se han sido publicado en el Periódico Oficial para evitar alguna impugnación ante tribunales, es obligado citar textualmente la nueva disposición del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior que textualmente dice: “Para proceder penalmente en contra de los funcionarios de elección popular y de los previstos por el artículo 118 de la Constitución Política (de Oaxaca),que se encuentran en funciones o hayan dejado de fungir como tales, por delitos cometidos con motivo de su encargo, se requerirá querella del Auditor Superior del Estado, previa autorización de la Junta de Coordinación Política”.

Después de este párrafo aparece la siguiente leyenda: “ARTÍCULOS TRANSITORIOS: Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca”.

Que si se trata de un traje a la medida para blindar a ex presidentes municipales , o en su caso, a diputados y exdiputados que en el mes de diciembre tomarán protesta como presidentes municipales, todos bajo la presunción de estar involucrados en desvíos de recursos públicos y/o sujetos de observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, este decreto de la LXII legislatura prácticamente los estaría eximiendo de cualquier responsabilidad pues para que la ASE ejerce sus atribuciones en la materia –ya de por sí acotadas en tanto es un órgano con una autonomía acotada por el propio poder legislativo-, tendría obligadamente que pasar por el filtro de la JUCOPO de la LXIII Legislatura en donde la bancada del PRI podría nuevamente jugar un papel determinante.

Pero la broma de mal gusto de quien o quienes redactaron la iniciativa de ley, y que lo suscribe solamente un diputado del PRI ,aparece en la exposición de motivos- que más bien parece un ejercicio escolar de quien acaba de ingresar a la carrera de Derecho-, pues los conceptos y referencias a la corrupción mundial, o a las experiencias anticorrupción en países latinoamericanos como Colombia o el Salvador, aparecen muy lejanas y hasta contrapuestas a la pretendida justificación de una iniciativa que tiene como finalidad “fortalecer el combate a la corrupción en materia de responsabilidades administrativas”.

Total, que para cuando esta contrarreforma constitucional se publique en algún Extra del Periódico Oficial ya poco se podrá hacer en el terreno jurídico y administrativo para evitar que la impunidad de la clase política gane terreno. El daño a la rendición de cuentas estará consumado; se habrán cercenado los pocos dientes que tenía la ASE para preservar su autonomía y sus atribuciones fiscalizadoras y, contra lo prometido en la campaña electoral, de nueva cuenta el combate a la corrupción para el próximo sexenio puede quedarse en el mero discurso.
Twitter: @Yescas Isidoro

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