La guerra por el 2018 tiene una de sus primeras batallas este año con el tema de la lucha anticorrupción. Que mejor prueba de que se trate de un tema ligado a la cita con las urnas, que el hecho de que no se va a fondo en este tema y contra todos sus involucrados, sino con un ejemplar de cada partido para equilibrar el marcador y en medio de un duelo de acusaciones de los dirigentes partidistas.

La batalla

La lucha anticorrupción se ha puesto de moda en los partidos políticos, pero no como una convicción, sino como parte de las estrategias electorales de cara al 2018. Como saben que este tema será uno que pueda definir el voto de muchos ciudadanos, como se vio en las elecciones estatales de este año, los institutos políticos han lanzado sus campañas para denunciar los actos de corrupción de sus adversarios, pero minimizando los propios.

Esto es evidente en el caso de Veracruz, entidad en la que el gobernador Javier Duarte, previo a que pidiera licencia, fue sancionado por su partido, el PRI, con la suspensión de sus derechos además de que se pidió al gobierno federal que se le investigara. Duarte pidió licencia para defenderse de las acusaciones –pues es claro que, ante tantas denuncias, le tomará mucho tiempo su defensa–, pero el tema no que quedo ahí, ya que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares empezó a señalar que posiblemente no le dejarían tomar posesión como mandatario veracruzano.

En distintas columnas y espacios de opinión, se argumenta que también el panista tiene una investigación en su contra en la PGR, de la cual se podría derivar una orden de aprensión antes del 1 de diciembre, fecha en la que tomaría posesión del cargo, por lo que Yunes emprendió su defensa diciendo que posee información sobre la corruptelas de Duarte –una versión apunta a que contribuyó con recursos públicos del estado a la campaña presidencial de Peña nieto–, la cual se encuentra a buen resguardo en una bóveda y con personas de su confianza para hacerse pública en cuanto le suceda algo.

Así, el panorama veracruzano se empaña ante la guerra de denuncias e investigaciones en contra del gobernador con licencia y el electo por temas de corrupción.

Pero eso no es todo lo que sucede en este frente de batalla, pues los líderes nacionales del PAN y del PRI se han engarzado en un duelo de acusaciones por este mismo motivo.

Anaya critica la manera en que se protegió a Duarte durante tanto tiempo y que su partido no se responsabilizó ante el cúmulo de acusaciones que se iban acumulando; Ochoa Reza crítica al panismo de encubrir a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, y no actuar ante tantas denuncias de corrupción, por haber recibido apoyo de su administración.

Pero ninguno de los dirigentes metidos en el duelo de acusaciones aclara porque no han procedido en sus respectivos ámbitos de competencia a revisar las cuentas de los legisladores que han pedido moches, han sido financiados por casineros, han endeudado a su entidad incluso con documentos falsos o se dedican a contratar aviadores para hacer su alcancía para la próxima campaña.

En este contexto, ningún partido se salva y ninguno está dispuesto a ir contra sus militantes corruptos porque sólo abonaría en más desprestigio para su causa.

Y es que, si nos fijamos bien, en la normatividad interna de los propios partidos en este tema, en los casos en que la comisión encargada tuviera deseos de proceder en contra de militantes señalados por actos de corrupción, no lo podrá hacer si antes no se presentó la denuncia correspondiente, por lo que pese a las notas de prensa o la información que circulen en redes sociales no se procederá.

Asimismo, la expulsión sólo prosperará en caso de que un juez declare culpable al militante señalado, en tanto le serán suspendidos sus derechos partidistas. Eso es lo máximo que puede hacer un partido por el caso de un militante acusado de actos de corrupción.

En paralelo, seguirá la discusión en la que integrantes de los partidos señalados apuntarán en el sentido de que su instituto político no es ministerio público para investigar, además de que cuando se proceda judicialmente en contra de su compañero de siglas dirán que se trata de una campaña de desprestigio porque no todos son iguales en su partido.

Si en verdad se quisiera proceder en contra del fenómeno de la corrupción en el ámbito partidista, no veríamos un par de casos seleccionados para calmar la ira de la ciudadanía. Veríamos una gran cantidad de expulsiones y filtros para que los militantes de nuevo ingreso no lo hicieran por ver en la actividad política la ocasión de lucro.

Pero como de lo que se trata es de montar un teatro, veremos que en tanto se van sobre Duarte y Padrés, los Moreira, Borge, Villarreal, Arellanes, Larrazábal y compañía podrán seguir tranquilos sabiendo que la lucha anticorrupción es parte de una farsa con fines electorales, pues si la lucha anticorrupción fuera en serio sería difícil encontrar quien cierre la puerta en los partidos cuando se corra a todos los vinculados a este tema.

Del tintero

Es curioso, pero en el reglamento de la comisión anticorrupción del PAN, en su artículo 5, en el glosario se define al militante como “aquél ciudadano mexicano residente en el extranjero, que ha adquirido este carácter, en términos de lo dispuesto por el artículo 8 de los Estatutos Generales del partido”. ¿Será que se preparan para posibles fugas?

@AReyesVigueras

Columnista en el Diario Digital Indicador Político y en la Revista Digital Indicador Político. Docente en la Universidad del Valle de México, Universidad de la Comunicación, Universidad Insurgentes y Escuela Bancaria y Comercial. Autor del blog Queso, PAN y Vino a favor del Partido Acción Nacional. Laboró en revista La Nación con notas informativas, crónicas, reportajes, así como entrevistas a presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, entre otros.

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